Estado, “Seguridad Democrática” y Gobierno rudolf hommes La sobrevivencia de la «seguridad democrática» y la preservación de la «confianza inversionista» son los temas que utiliza el presidente Uribe para resaltar la necesidad de continuidad y la manera de mantener vigente su proyecto de reelección. Indudablemente, estos han sido los dos frentes que presentan los resultados más claros y más beneficiosos de su gestión. Los próximos gobiernos tienen la responsabilidad de continuar el esfuerzo en la misma dirección. Pero de lo que se trata no es solamente de reelegir unas políticas sino entender colectivamente que el Estado colombiano ha fallado y que lo tenemos que reconstruir. El papel del Estado es proveer seguridad y preservar el orden político. Si no lo cumple, sobreviene la violencia y la gente pierde la posibilidad de buscar prosperidad en paz. Robert Bates, profesor de ciencia política Harvard, sostiene al respecto que África ha proporcionado un ejemplo, prácticamente de laboratorio, de lo que sucede cuando el Estado ha colapsado y se extingue la posibilidad de alcanzar orden político: la gente tiene que escoger entre paz y prosperidad. Lamentablemente, cuando falla el Estado, si se «quiere acumular riqueza, hay que estar preparados para defenderla», y para tomar las armas. «Mientras los que viven en Estados pueden gozar simultáneamente seguridad y prosperidad, los que viven donde han fallado los Estados tienen que escoger entre ser ricos y estar seguros; si no están dispuestos a pelear no pueden aspirar a las dos cosas» (Robert H. Bates, When Things Fall Apart, Cambridge University Press, 2008). Este diagnóstico, terrible y a la vez instructivo, no es una apología del paramilitarismo sino una denodada defensa del Estado, de la necesidad de que solamente exista un «especialista en violencia» – el Gobierno, y de que éste no use su poder para depredar sino para suministrar seguridad y orden. En Colombia hemos tenido simultáneamente dos, tres y hasta cuatro especialistas en violencia compitiendo con distintas formas de depredación, intimidación y de «protección» a grupos de población de distintos orígenes, y el dominio de «señores de la guerra» en partes del territorio nacional. Esta ha sido una inocultable falla del Estado y de las clases dirigentes que estuvieron dispuestas a fomentar y a tolerar formas de violencia que rompieron el equilibrio y debilitaron el orden político. Dotar al Estado de capacidad para cumplir con su principal función sin que se convierta en instrumento de unas clases contra otras debe ser un objetivo social y, aunque no se ha formulado explícitamente en esta forma, parece ser ahora un propósito nacional. No hay candidato o partido serio que piense o proponga otra cosa. Entonces, la política de «seguridad democrática» es solamente una pieza, importante para alcanzar este fin, pero ni es seguro que lo alcance sin que intervengan políticas complementarias, ni es algo que solamente Uribe puede hacer. Desmovilizar a los paramilitares y desmontar su poderío bélico, criminal y político, es esencial para fortalecer y reorientar la función del Estado. Uribe ha fortalecido a la fuerza pública y la ha motivado y dirigido exitosamente para debilitar a la guerrilla pero todavía hace falta derrotarla o llegar a un acuerdo político para que se desmovilice. A pesar de los esfuerzos realizados, la Mafia ejerce un poder económico y social que riñe con el concepto de Estado eficiente. Vamos a necesitar talento nuevo y un liderazgo diferente para construir un consenso internacional diferente, que permita dominar el narcotráfico y derrotar a sus mafias. Es posible entonces, y hasta probable, que otros puedan culminar estas tareas mejor que el actual Presidente. Y hay funciones del Gobierno, como la provisión de infraestructura, que exigen cambio de equipo.
Las muertes de la reforma política juan camilo restrepo La reforma política lleva seis años muerta. Acaba de morir de nuevo. Y muy probablemente fallecerá otra vez. El siete de agosto del 2002 a las cinco de la tarde se radicó el famoso referendo que fue rechazado por las mayorías ciudadanas requeridas. En vez de limitarse a unas pocas y grandes reformas para purificar la manera de hacer la política en Colombia, se transmutó en un abigarrado vademécum de más de 20 preguntas varias de ellas ininteligibles. Y gran parte de las cuales nada tenían que ver con la depuración de las costumbres políticas. Después -en el 2004- se aprobó una reforma política por iniciativa del Congreso y contra el querer del ejecutivo. Este trató por todos los medios de ponerle palos en la rueda. No fue la mejor reforma, pero algo es algo. Y sobre todo: fue lo único que el país ha tenido en materia de reforma política durante los últimos seis años. Digámoslo de nuevo: se aprobó por iniciativa del Congreso y no del Gobierno. Ahora, en un olímpico comunicado de la Casa de Nariño (¡están de moda los comunicados palaciegos!) se desconceptuó dicha reforma tratándola de “mezquina”. Sin embargo, el gobierno no movió un dedo en su momento para mejorarla. Después, sin que el gobierno se diera cuenta (lo cual es increíble pues se trataba de una reforma constitucional que requería de ocho debates en dos legislaturas diferentes), se aprobó una enmienda constitucional según la cual las mociones de censura pueden ser promovidas por cualquiera de las dos cámaras. El gobierno se rasga las vestiduras diciendo que tal reforma la aprobó el Congreso contra su opinión. No fue así. La aprobó porque el gobierno no se dio siquiera cuenta de que se estaba tramitando y fue sólo tardíamente cuando salió a objetarla. En muchas ocasiones (más para salvar apariencias que por otra razón) ha dicho que si hay reelección presidencial debe haberla también para gobernadores y alcaldes. Pero nunca movilizó con firmeza sus fuerzas parlamentarias para hacer realidad ese propósito manifestado entredientes como para que constara en el récord. Y vino el sainete final. Cuando estalla el escándalo de la parapolítica que salpica en mayor grado a la coalición gobiernista que a las demás formaciones políticas, la Casa de Nariño se apresura a decir que ahora sí hay que hacer una reforma política que empezó a discutirse en la última legislatura. Pero en mitad de camino se dan cuenta que la famosa “silla vacía” va a perjudicar a las mayorías gobiernistas, pues es allí donde mayor cantidad de parlamentarios han resultado salpicados. Se da entonces la vergonzosa contramarcha. Se ordena a los amigos votar en contra de la reforma o desaparecer del recinto para desbaratar el quórum. El objetivo se cumple y la reforma política de la “silla vacía” -propuesta originalmente por un gobierno embarazado por la parapolítica que lo ronda- muere por inanición. Se salvaron las mayorías gobiernistas pero al alto costo de mantener unas sillas espurias. Por último se convoca a una comisión de notables. Ojalá tengan éxito. Pero sobre todo: ojalá cuando presente sus recomendaciones éstas no queden ignoradas pues -para ese entonces- ya se estará comenzando a discutir una reforma constitucional que interesará mucho más al gobierno: la que llama a un referendo para permitir la segunda reelección presidencial.

Los tenues linderos del Estado de Derecho En las democracias regidas por el derecho no está previsto el llamado a la soberanía popular para controvertir los fallos de la justicia. El argumento central del gobierno para justificar el llamado a un nuevo referendo por la sentencia de Yidis consiste en afirmar que el conflicto con la Corte Suprema ha dejado de ser un problema judicial para transformarse en otro político. Lo que no es cierto. Sigue siendo judicial, y como tal debería mantenerse.Si el Presidente o sus colaboradores consideran que la Corte ha valorado mal las pruebas, o que ha hecho apreciaciones o inferencias inadecuadas, está en todo su derecho a controvertirlas dentro de los procesos judiciales que siguen su curso. O a recusar a los magistrados que a su juicio no estén actuando correctamente.Pero lo que no se puede en un Estado de Derecho es rebautizar como político algo que continúa siendo judicial. Si este precedente llegara a abrirse camino, todo aquel al que no le guste en adelante un fallo de una alta Corte pedirá un referendo.El referendo no está contemplado en la Constitución como un recurso contra los fallos judiciales. Está previsto como un mecanismo de consulta a la ciudadanía sobre asuntos de interés general, no particular. Los constituyentes del 91 no lo consagraron para que los gobernantes se saquen clavos contra las sentencias que nos les gusten de las altas cortes. El pueblo es soberano, claro está .Y el Presidente tiene todo el derecho a defenderse si lo juzga necesario. Pero en las democracias regidas por el derecho no está previsto el llamado a la soberanía popular para controvertir los fallos de la justicia.Las elecciones del 2006 se presumen legítimas y el acto legislativo que autorizó la reelección goza de la presunción de constitucionalidad. La condena por cohecho a Yidis no hace espurias dichas elecciones. Es un fallo de carácter penal, no electoral. Y la Corte Constitucional muy seguramente se abstendrá de revisar la constitucionalidad del acto legislativo que autorizó la reelección presidencial con el argumento de que tiene el carácter de cosa juzgada.Pero si hipotéticamente llegara a declararlas espurias, espurias se quedarían. Una elección no se sanea repitiéndola como disparatadamente lo pretende ahora el gobierno.El recurso al referendo permanente termina convirtiéndose inexorablemente -como en los tiempos de Napoleón III- en un mecanismo para renovar gobiernos por plebiscitos. En los que se llama al pueblo a pronunciarse por la continuidad de un mandatario y no para aprobar modificaciones al régimen constitucional.Napoleón III a través del uso y abuso de los referendos-plebiscitarios se las ingenió para perpetuarse en el poder más tiempo que su tío. Sólo que terminó llevando a Francia a la guerra con Prusia, a la pérdida de Alsacia y Lorena y a la derrota de Sedán.La comisión de “notables” recientemente nombrada debería renunciar como un gesto de independencia y de respeto con ella misma. ¿Cómo es que llamada dizque para recomendar salidas a la grave crisis política que vive el país le sale ahora el gobierno- antes de que cumpla con su apremiante mandato- con la sorpresiva propuesta de convocar a un referendo para repetir las elecciones del 2006? ¿Quién le va a parar bolas a sus recomendaciones cuando el país se va meter en el túnel de un nuevo referendo?Los medios de comunicación oficiales están a disposición del Jefe de Estado para que informe a la nación -cuando lo juzgue conveniente- sobre la marcha de los asuntos de interés general. No para plantear camorras contra el poder judicial por los fallos que le desagraden. Ni para echarle encima a los jueces los perros bravos de la opinión pública.El respeto de estos tenues linderos es lo que marca el límite entre un Estado de Derecho y el que no lo es.